Mediante un decreto, la gobernadora Norma Rocío Nahle García estableció la creación de la Dirección General de Verificación Ambiental Vehicular, la cual operará como un órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Ingresos y Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Esta decisión implica que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) dejará de tener la responsabilidad de regular las fuentes móviles contaminantes.

El nuevo organismo será el encargado exclusivo de coordinar, ejecutar, vigilar y administrar los procedimientos de verificación vehicular en el estado. Tendrá también la facultad de emitir lineamientos técnicos, proponer normas administrativas y dar seguimiento puntual a los ingresos recabados por este concepto. Con ello, se busca una gestión más directa y alineada con las estrategias de financiamiento público.

En consonancia con este nuevo enfoque, la SEFIPLAN deberá llevar a cabo los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Verificación Ambiental Vehicular.

Asimismo, se estipula que, en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto, se transferirán a esta Dirección todas las atribuciones, recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos previamente asignados a SEDEMA para la operación del programa de verificación.

La verificación ambiental vehicular, más allá de ser una herramienta para controlar las emisiones de contaminantes, se plantea ahora como una vía estratégica para obtener recursos públicos que respalden la transformación del transporte.

En este sentido, los ingresos obtenidos por estos derechos se destinarán exclusivamente al Fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, constituido el 9 de abril, priorizando el uso de unidades híbridas o de baja emisión, con miras a promover una movilidad urbana más limpia, segura y accesible.

Este cambio responde a la necesidad de vincular de forma más eficaz, eficiente y transparente las políticas fiscales con las ambientales, buscando sinergias que permitan modernizar el sistema de transporte sin perder de vista la protección ecológica y el desarrollo sustentable del estado.