La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) detectó un esquema mediante el cual recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) eran transferidos entre inmobiliarias y agencias de publicidad antes de ser utilizados para pagar a profesores, informó el titular de la dependencia, Miguel Reyes Hernández.

El funcionario explicó que algunos trabajadores de la universidad recibían sus honorarios bajo conceptos que no correspondían con las actividades que desempeñaban, como servicios de publicidad.

Durante una entrevista en el Congreso de Veracruz, Reyes Hernández señaló que las irregularidades detectadas ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Detalló que las operaciones involucraron aproximadamente 280 millones de pesos administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C.

“Nosotros ya cumplimos con lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, expuso.

Recursos pasaban por distintas empresas

El titular de Sefiplan explicó que durante la revisión financiera se identificó que los recursos entregados por estudiantes a la fundación no necesariamente eran destinados de manera directa al pago de docentes y trabajadores de la UPAV.

De acuerdo con el funcionario, el dinero podía pasar primero por inmobiliarias y posteriormente por otras empresas, hasta llegar a agencias de publicidad desde donde finalmente se cubrían los honorarios de los profesores.

“Les voy a poner un ejemplo: Una persona que trabajaba en la UPAV le pagaban a través de una agencia de publicidad con honorarios. Su concepto era pago de publicidad.
”

Miguel Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Reyes Hernández indicó que esta ruta financiera deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales, debido a que involucraba a empresas que no tenían una relación directa con la universidad.

Explicó que, en uno de los mecanismos detectados, la fundación recibía los recursos de los estudiantes y posteriormente los transfería a una inmobiliaria. El dinero pasaba después a otra empresa del mismo giro y finalmente llegaba a una agencia de publicidad, desde donde se realizaban los pagos a profesores.

Afirmó que este esquema también tenía efectos en materia laboral, debido a que los trabajadores y docentes no mantenían una relación laboral directa con la UPAV, lo que evitaba la generación de antigüedad y otras obligaciones para la institución.

“Es una red, digamos, de complejidad, efectivamente, que se está o se debe investigar. Corresponde ahora a las autoridades ministeriales determinar el origen, destino y legalidad de los recursos manejados mediante ese esquema”, manifestó.

Denuncias ante fiscalías estatal y federal

El secretario de Finanzas precisó que se presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente a la Fiscalía, tanto local como federal de la República, por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero”, opinó.

Reyes Hernández señaló que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar qué ocurrió con los aproximadamente 280 millones de pesos administrados por la fundación EDAL y establecer su origen, destino y trazabilidad.

El funcionario evitó señalar posibles responsables o determinar qué cantidad podría considerarse ilícita, al argumentar que esa tarea corresponde a las fiscalías como parte de las investigaciones.

UPAV cambia manejo de recursos

Tras detectar las operaciones financieras, el gobierno estatal determinó modificar el esquema mediante el cual se administraban los recursos de la UPAV.

“El dinero ya no será manejado mediante la asociación que anteriormente participaba en las operaciones financieras y la administración pasará a realizarse de manera directa.
”

Miguel Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Entre los cambios implementados, indicó, se encuentra la eliminación de las cuotas de mantenimiento que anteriormente pagaban los estudiantes, gastos que ahora serán absorbidos por la Secretaría de Educación.

También se estableció una nueva categorización salarial para los docentes, con un pago mínimo de 70 pesos por hora.

“Todo el manejo de recurso va a ser transparente porque antes se hacía a través de la asociación, ahora lo va a manejar directamente”, concluyó