Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), adscrito a la Zona de Distribución de Coatzacoalcos, fue inhabilitado durante 10 años para desempeñar cargos dentro del servicio público y recibió una sanción económica de 450 mil pesos.
La resolución deriva de hechos ocurridos en 2020, cuando el empleado, identificado como Christian S., tomó un vehículo propiedad de la empresa y lo condujo después de consumir bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad.
EL ACCIDENTE PROVOCÓ PÉRDIDAS A LA CFE
Durante el trayecto, el trabajador perdió el control de la unidad y terminó volcando. El accidente ocasionó daños que llevaron a determinar la pérdida total del vehículo oficial.
La unidad también contaba con equipo hidráulico instalado, el cual resultó afectado durante el percance. Los daños representaron un perjuicio económico para la empresa productiva del Estado y derivaron en una investigación administrativa.
El caso fue revisado por la Unidad de Responsabilidades de la CFE y posteriormente llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que determinó la existencia de una falta administrativa grave.
Como consecuencia de la resolución, el servidor público quedó impedido durante una década para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública, además de recibir la sanción económica correspondiente.
RESOLUCIÓN FORMA PARTE DE SANCIONES FEDERALES
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre el caso mediante el comunicado número 094, en el que dio a conocer resultados de investigaciones realizadas en distintas dependencias e instituciones federales.
De acuerdo con la dependencia, durante este proceso 41 personas servidoras públicas recibieron sanciones por diferentes irregularidades. Las resoluciones incluyeron inhabilitaciones de hasta 10 años.
En conjunto, las multas impuestas a los funcionarios sancionados superaron los 22.4 millones de pesos, mientras que el caso correspondiente al trabajador de la CFE en Coatzacoalcos contempla específicamente una sanción de 450 mil pesos.
La resolución establece así las consecuencias administrativas derivadas del uso de una unidad oficial en condiciones que provocaron su pérdida total y afectaciones adicionales al equipo con el que contaba.
