Con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto que retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía General del Estado (FGE) quedó facultada para ejecutar las acciones judiciales en contra de ambos exservidores públicos.

Luego de que el Congreso del Estado aprobara la Declaración de Procedencia, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez fueron separados del cargo, lo que permitió a la autoridad ministerial continuar con los procedimientos penales en su contra.

De acuerdo con información que trascendió, los jueces competentes ya libraron las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que ahora la Policía Ministerial puede dar cumplimiento a dichos mandamientos judiciales.

No obstante, ambos exalcaldes cuentan con amparos concedidos por la justicia federal que impiden su detención y la aplicación de prisión preventiva oficiosa, por lo que, mientras esas suspensiones permanezcan vigentes, podrán enfrentar sus procesos en libertad.

En el caso de Bertín Bravo Montero, exalcalde de Úrsulo Galván, la Fiscalía lo investiga por su posible participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López Torres, quienes desaparecieron en mayo de 2026 tras acudir a una propiedad del entonces edil.

Por su parte, Raúl González Martínez, exalcalde de Ixhuatlán del Sureste, enfrenta una investigación por su posible relación con el homicidio de la periodista de Nanchital, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría tenido una fotografía del entonces presidente municipal portando un arma de alto poder.

Las autoridades precisaron que será el Poder Judicial el encargado de determinar, conforme avance el proceso, la existencia de los delitos y, en su caso, la responsabilidad penal que pudiera corresponder a ambos exfuncionarios.