Tras confirmarse la quiebra técnica del Ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada, el dirigente nacional de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar A.C. (UNPCA), Javier Sánchez Chávez, anunció que buscará el respaldo del Gobierno Federal para evitar que el cierre de la factoría agrave la crisis económica que enfrenta la región de Los Tuxtlas y el Sotavento.
El líder cañero informó que la gobernadora Rocío Nahle ya fue enterada de la situación y adelantó que en las próximas horas sostendrá reuniones con autoridades estatales para analizar alternativas que permitan reducir el impacto provocado por la suspensión definitiva de operaciones.
"Queremos darles una esperanza a nuestros productores. Tendremos una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar que el Gobierno Federal pueda rescatar ese ingenio", expresó Javier Sánchez Chávez.
La quiebra del Ingenio San Pedro fue confirmada este martes y representa uno de los golpes más severos para la agroindustria azucarera veracruzana en los últimos años. Tras darse a conocer la noticia, trabajadores se manifestaron frente a las instalaciones para exigir información sobre su futuro laboral y el pago de sus derechos.
El cierre afecta directamente a cerca de 7 mil productores de caña de municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla, además de cortadores, transportistas, obreros sindicalizados y numerosos negocios cuya actividad depende de la operación del ingenio.
Uno de los principales desafíos será definir el destino de aproximadamente un millón de toneladas de caña que cada año eran procesadas en esta factoría. Aunque se analiza enviarlas a otros ingenios, como La Gloria, el dirigente reconoció que la capacidad de molienda en las plantas vecinas es limitada.
"Quisiéramos que se moliera toda la caña de San Pedro, pero hablamos de alrededor de un millón de toneladas. Es muy complicado porque los ingenios ya están casi a su capacidad de molienda", señaló.
Representantes del sector estiman que la quiebra del Ingenio San Pedro podría ocasionar pérdidas superiores a mil millones de pesos, al afectar toda la cadena productiva de la industria azucarera. Mientras continúan las gestiones ante los gobiernos estatal y federal, miles de familias permanecen a la espera de una solución que les brinde certidumbre sobre el futuro de la actividad cañera en el sur de Veracruz.