La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó que exista cualquier tipo de protección institucional hacia el abogado Roly Domínguez Romero, señalado por decenas de víctimas como uno de los principales operadores del llamado "cártel inmobiliario" en la entidad. La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa en Xalapa, donde respondió a los señalamientos de un colectivo de afectados.

La titular de la Fiscalía General del Estado respondió a las acusaciones de personas que sostienen que las investigaciones no avanzan debido a una supuesta cercanía entre ella y el litigante. Jiménez Aguirre negó esa versión y sostuvo que no existe relación personal alguna con el abogado.

“No es mi amigo, yo no lo conozco. No tengo por qué proteger a nadie”, expresó de manera contundente. Asimismo, añadió que actuaría de la misma forma incluso si existiera un vínculo familiar o de amistad. “Aun si fuera mi amigo, mi hijo o un familiar, igual procedería. Mi compromiso es institucional y represento el interés de la sociedad”, afirmó.

La funcionaria confirmó que actualmente existen carpetas de investigación abiertas relacionadas con Roly Domínguez Romero; sin embargo, explicó que las indagatorias aún se encuentran en proceso de integración antes de ser presentadas ante un juez. “Sí le puedo decir que hay carpetas que se están trabajando y en un momento dado se van a judicializar”, declaró.

La fiscal también descartó que exista alguna orden de aprehensión detenida por instrucciones de la dependencia. Reiteró que la actuación de la institución se rige por criterios legales y no por intereses personales. “No tiene ninguna protección de mi parte. Tengo un compromiso institucional y eso está por encima de cualquier interés personal o familiar”, sostuvo.

Las denuncias contra Domínguez Romero provienen principalmente de víctimas de despojos inmobiliarios registrados en Xalapa y otros municipios de Veracruz, quienes lo identifican como uno de los integrantes de una red dedicada a apropiarse de inmuebles mediante documentos apócrifos, pagarés, juicios civiles y resoluciones judiciales.

Los denunciantes también han señalado públicamente a otros abogados, notarios, jueces y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, entre ellos Miguel Isaac Contreras Gómez Gill, Pedro Damián Atilano Cruz, Miriam Ceballos Ruiz, el notario Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz y los jueces Dania Iveth Arenas Pérez y Leopoldo Toss Capistrán. Las víctimas han solicitado que las investigaciones alcancen a todos los involucrados y que se ejecuten las órdenes judiciales pendientes.