XALAPA,VER.,3 de AGOSTO,2026._El Congreso del Estado celebrará este miércoles, a las 16:00 horas, una sesión extraordinaria de carácter reservado para resolver las solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos investigados por presuntos delitos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, Naomi Edith Gómez Santos, informó que la Comisión Instructora concluyó el análisis de ambos expedientes y determinó que existen elementos para someter a consideración del Pleno los dictámenes correspondientes.

Explicó que el documento fue distribuido con 48 horas de anticipación entre las y los diputados para su revisión, previo a la sesión privada en la que únicamente participarán los legisladores y los servidores públicos involucrados, conforme lo establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

La legisladora precisó que la sesión se desarrollará en dos momentos. Primero, cada uno de los alcaldes podrá hacer uso de la palabra para exponer los argumentos que considere pertinentes en su defensa. Posteriormente, las distintas fuerzas políticas debatirán el contenido del dictamen y emitirán su voto.

Al concluir la sesión, el resultado será publicado en la Gaceta Legislativa y notificado oficialmente a la Fiscalía General del Estado.

Gómez Santos subrayó que el Congreso no determinará la responsabilidad penal de los alcaldes, sino únicamente resolverá si existen condiciones legales para retirarles la inmunidad procesal y permitir que enfrenten un proceso ante un juez.

“Quiero hacer hincapié en que no es lo mismo un juicio de procedencia, porque nosotros no estamos diciendo que es culpable o no, lo único que decimos es que al ser un servidor público si existen elementos suficientes para que se lleve un procedimiento penal y que el juez decida, entonces que se haga”, expresó.

Añadió que cualquier servidor público electo por voto popular puede ser sometido a un juicio de procedencia cuando la Fiscalía lo solicita y la Comisión Instructora considera que existen elementos suficientes para remitir el asunto al Pleno.

“A nosotros nos toca ver si existen elementos que pueden ser constitutivos para que en una carpeta en un juzgado se desarrollen. Nosotros no estamos diciendo si son culpables o inocentes, hay que cuidar al final del día lo que esto pueda desencadenar en un juicio penal, donde ya se debe aplicar el debido proceso y la presunción de inocencia”, señaló.

La diputada explicó que, en caso de que la mayoría de los legisladores apruebe los dictámenes, ambos alcaldes perderán el fuero y quedarán separados del cargo al concluir la sesión extraordinaria.

“Una vez que se dictamine, se vote y se publique, (los alcaldes) ya estarían a disposición para llevar un procedimiento de índole penal con el juzgado”, indicó.

Las solicitudes de desafuero fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado. En el caso de Raúl González Martínez, la investigación está relacionada con su presunta participación en la desaparición y homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, ocurridos el 2 de junio de 2026.

Respecto al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, la FGE lo investiga por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, cuando acudieron a una propiedad del edil en Barra de Chachalacas.

Defensa del alcalde de Ixhuatlán del Sureste

Durante la audiencia celebrada el pasado 30 de julio ante la Comisión Instructora, Raúl González Martínez y su equipo jurídico sostuvieron que la carpeta de investigación carece de pruebas directas que lo involucren en los hechos.

Los abogados Erik Basto Morales, Julio César Rosas Salazar e Izaskum Moreno Navarro aseguraron que la principal imputación descansa en la declaración de un “testigo de oídas”, además de una fotografía que, afirmaron, nunca fue incorporada al expediente.

Explicaron que el presunto integrante del grupo delictivo José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta 1, rindió una primera declaración el 2 de julio sin mencionar al alcalde. Sin embargo, señalaron que un día después realizó una segunda declaración en la que afirmó haber escuchado que el edil ordenó privar de la libertad a Roxana Guzmán.

El abogado Julio César Rosas Salazar sostuvo:

“Señala que un tercero dijo haber escuchado al alcalde y que por la fotografía tenían que levantarla, pero no existe esa fotografía en el expediente, es un testigo de oídas, testigo que escuchó de un tercero; pero no se trata de un tercero que se haya percatado que estaba el alcalde con Shelby y dio la indicación, él (Delta 1) escuchó de otra persona que le dijo”.

Tras más de cinco horas de comparecencia, el presidente municipal manifestó:

“Yo quiero creer en las instituciones, quiero creer que en México y en Veracruz hay imparcialidad y que se puede ejercer justicia para todos, de forma no personal”.

Por su parte, el abogado Erick Basto cuestionó el manejo de un sobre que inicialmente fue clasificado como confidencial dentro de la carpeta de investigación.

“El sobre no se abrió en nuestra presencia, ya cuando llegamos estaba abierto el sobre; no sabemos si esa declaración fue introducida después o ya estaba, porque en los primeros días no nos dieron acceso al sobre, solo decían que había información confidencial a la que no teníamos acceso; y ya luego venimos y nos dicen aquí hay un sobre que ya lo abrimos y aquí esta esa declaración y es la del Delta 1”.

Añadió que en ese expediente aparecieron dos declaraciones rendidas con apenas 15 horas de diferencia.

La abogada Izaskum Moreno Navarro afirmó que tampoco existe evidencia pericial que demuestre la existencia de la fotografía en la que presuntamente aparecería el alcalde portando un arma de fuego.

“En el dispositivo de la periodista no está agregado dentro de la carpeta de investigación no hay ningún peritaje que pueda arrojar que existió esa fotografía y que fue tomada de parte de la reportera… (SIC) no existe la foto, no existe el nexo causal de la supuesta declaración, no hay nada”.

La defensa insistió además en que ninguno de los detenidos menciona de manera directa al alcalde como autor intelectual del crimen y que esas personas enfrentan procesos por delitos distintos.

“Son diversas carpetas de investigación. Quiero puntualizar que son procesos diversos que no están en este proceso. Son procesos diversos contra las instituciones de Seguridad Pública y contra la Salud, y esos detenidos hacen declaraciones respecto del homicidio de la reportera, pero esos detenidos no están siendo procesados y se supone que ellos fueron los autores materiales del homicidio”.

Defensa del alcalde de Úrsulo Galván

En la comparecencia correspondiente, el abogado Rodolfo Martínez Valdez reconoció que Bertín Bravo Montero sí recibió al empresario Héctor Ramos Sánchez el 14 de mayo en una propiedad ubicada en Barra de Chachalacas para negociar la venta de adoquín.

No obstante, sostuvo que el empresario abandonó el lugar ese mismo día y negó cualquier relación del alcalde con su desaparición.

“Siempre se ha aceptado como verdad que el señor fue a negociar la venta de adoquín y de ahí salió y se fue y se retiró”.

Asimismo, rechazó la versión que vincula al edil con la desaparición del empresario.

“No es cierto el señor desaparecido salió de la casa y viajó hay datos que ustedes tendrán de que él salió de la casa se los voy a proporcionar, de que él se retiró y se fue lejos; ese mensaje fue emitido cuando él ya estaba lejos”.

También negó que durante aquella reunión hubiera participado un supuesto jefe de plaza.

“Es falso, así como han llamado al presidente López Obrador, narcopresidente, y ahora a nuestra presidenta le han llamado igual; existen muchos señalamientos falsos al respecto y en este caso sucede lo mismo”.