Al término de las audiencias de pruebas y alegatos de los alcaldes de Ursulo Galván e Ixhuatlan del Sureste, los diputados integrantes de la Comisión Instructora informaron que tienen como plazo tres días para formular los dos dictámenes.

El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz explicó que en el proceso de solicitud de desafuero elaborada por la Fiscalía General del Estado (FGE),
este jueves acudieron los dos ediles a las audiencias de pruebas y alegatos.

Sostuvo que el siguiente paso es la reunión de los diputados integrantes de la Comisión Instructora a fin de elaborar un dictamen en el que se integran los alegatos y pruebas de los ediles, y tal documento será entregado a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Lo que sigue es el análisis de las pruebas para emitir los dictámenes correspondientes para lo que se cuenta de un plazo de hasta tres días hábiles.

“Concluyó la audiencia, conforme a la ley la Fiscalía presentó lo que debía, formuló lo que tenía que decir y también se le concedió el derecho de defensa a los alcaldes, todos argumentaron lo que consideraron pertinente y en los términos se va a emitir el dictamen y tenemos los tres días, se va a firmar el acta circunstanciada y en eso estamos”, dijo.

Facundo Fernández aclaró que aun cuando se concluyeron este día las audiencias, no podrían afirmar que los servidores públicos en mención conservarán o perderán la inmunidad que impide someterlos a proceso penal mientras permanecen en el cargo.

“No pudiera considerar que va a ser desafuero, porque tenemos que analizar nosotros y poder emitir el acuerdo que puede ser pedir el desafuero o simplemente que no se acreditó, pero tendremos que analizar nosotros”, explicó.


Acompañado por los diputados miembros de la Comisión Instructora, el secretario, Ramón Díaz Ávila; y vocal, Felipe Pineda Barradas; Facundo Fernández explicó que aún cuando tienen hasta el martes 4 agosto como plazo para entregar el dictamen a la presidencia de la Mesa Directiva, podrían adelantarlo para el
el viernes 31 Julio 2026.


“Tenemos hasta el martes para emitir el dictamen, pero puede ser mañana (viernes)”, finalizó.

QUÉ SIGUE?
Los dictámenes serán enviados a la presidencia de la Mesa Directiva, desde donde se deben enviar a la Diputación Permanente, responsable de citar a una sesión extraordinaria del pleno.

El próximo martes 4 de agosto a las 11:00 horas se desarrollará la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la cual es responsable de llamar a sesión extraordinaria.

DE QUÉ LOS ACUSA LA FGE ?

En el caso del alcalde de Ursulo Galván perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, Bertin Bravo, acudió en la mañana del jueves, acompañado de sus abogados a entregar las pruebas.

El alcalde de Úrsulo Galván es investigado por la FGE por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el pasado 14 de mayo, cuando se dirigieron a una propiedad del munícipe, ubicada en Barra de Chachalacas.


El alcalde de Ixhuatlan del Sureste,
Raúl González, se le sigue un proceso de desafuero porque es señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de presuntamente estar involucrado en la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán, extraída de su casa en Nanchital el pasado 2 junio 2026.




¿En qué consisten las comparecencias de pruebas y alegatos?

Durante las comparecencias, los presidentes municipales involucrados o sus representantes legales tendrán la oportunidad de ampliar los argumentos que previamente presentaron por escrito, además de responder a los señalamientos contenidos en las solicitudes de declaración de procedencia y aportar las pruebas o elementos que consideren pertinentes para sustentar su defensa.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión Instructora continuará con el análisis de las pruebas y los alegatos para elaborar un dictamen individual por cada uno de los procedimientos.

En dichos documentos se determinará si existen elementos suficientes para considerar procedente el retiro de la inmunidad constitucional de los alcaldes o, por el contrario, si las solicitudes promovidas por la Fiscalía General del Estado deben ser desechadas.

La función de la Comisión Instructora no consiste en establecer la culpabilidad o inocencia de Raúl González Martínez y Norberto Bravo Montero respecto de los delitos que se les imputan, sino únicamente en definir si existen las condiciones legales para retirarles el fuero constitucional que les otorga el cargo que desempeñan.

En caso de que alguno de los dictámenes sea favorable a la declaración de procedencia, el expediente será turnado a la Presidencia del Congreso local para continuar con el proceso legislativo y ser sometido a consideración del Pleno, integrado por los 50 diputados.

Si la mayoría de los legisladores aprueba el desafuero, la Fiscalía podrá ejercer acción penal en contra del servidor público involucrado. En cambio, si la solicitud no prospera, el presidente municipal conservará la inmunidad procesal mientras permanezca en funciones.

Se prevé que los dictámenes sean presentados durante la sesión de la Diputación Permanente programada para el próximo martes, fecha en la que también podría convocarse a un periodo extraordinario para que el Pleno del Congreso resuelva ambos procedimientos