Tres notarías del estado de Veracruz fueron suspendidas de manera temporal tras detectarse irregularidades y debido a que sus titulares enfrentan procesos penales por diversos delitos, informó el Gobierno del Estado.

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que las revisiones al sistema notarial continúan y señaló que, hasta el momento, tres oficinas dejaron de operar mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.

Aunque inicialmente no reveló los nombres de los fedatarios involucrados, posteriormente se confirmó que las notarías suspendidas corresponden a la número 23 de Chinameca, así como las notarías 8 y 24 del municipio de Córdoba.

Las oficinas quedaron bajo resguardo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, Inspección y Archivo General de Notarías, dependencia adscrita a la Secretaría de Gobierno, instancia facultada para aplicar este tipo de medidas cuando existe una vinculación a proceso por delitos dolosos.

La primera suspensión corresponde a la Notaría Pública número 23, cuyo titular, Alejandro "N", enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar en su modalidad psicológica. Desde agosto de 2025 se determinó suspender provisionalmente sus funciones.

Durante ese periodo, el notario Pablo Cruz Landeros, titular de la Notaría 16 de Minatitlán, fue designado para concluir los trámites pendientes, expedir testimonios y entregar posteriormente el protocolo y archivo correspondiente al Registro Público para su resguardo.

En tanto, los notarios Ernesto "N", titular de la Notaría 8, y Carlos Javier "N", responsable de la Notaría 24, ambas en Córdoba, fueron suspendidos después de ser vinculados a proceso por los presuntos delitos de fraude específico y fraude procesal, dentro de la carpeta de investigación 344/2024.

Como medida administrativa, la Dirección General de Notarías nombró a Rodrigo Assam Hinojosa y a Rogelio Hernández Rodríguez como encargados provisionales de ambas oficinas por un periodo máximo de 90 días, tiempo durante el cual deberán concluir los asuntos pendientes antes de entregar oficialmente los archivos bajo resguardo gubernamental.