El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, resolvió por unanimidad que la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) de extender el periodo del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez se encuentra protegida por la autonomía universitaria.

Durante la sesión celebrada el 26 de febrero, el tribunal analizó el recurso de queja 370/2025, derivado del juicio de amparo 646/2025 tramitado ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Xalapa, y confirmó que no procede el control constitucional en este caso.

“La Junta de Gobierno no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando ejerce sus facultades en el marco de la autonomía universitaria”, establece la resolución aprobada por unanimidad.

El recurso fue promovido por Carlos Welsh Rodríguez, uno de los nueve académicos que impugnaron la prórroga del Rector. Con esta determinación, quedaron firmes los desechamientos de todos los amparos presentados.

El análisis judicial se centró en el alcance del artículo 3º de la Constitución, que reconoce la facultad de las universidades públicas para autogobernarse, incluyendo la designación y continuidad de sus autoridades.

Los magistrados reiteraron que la prórroga del cargo tiene la misma naturaleza jurídica que el nombramiento original, al representar la continuidad por un periodo adicional de cuatro años dentro del marco legal universitario.

“No se trata de un acto externo de autoridad, sino de una determinación adoptada en ejercicio de la autonomía reconocida constitucionalmente”, se desprende del criterio reiterado.

Aunque se solicitó que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de los ministros consideró que no se cumplían los requisitos de interés y trascendencia, por lo que devolvió el expediente al tribunal colegiado.

Con esta resolución, el Poder Judicial de la Federación dejó firme la continuidad de Martín Aguilar Sánchez al frente de la UV, al concluir que la decisión pertenece al ámbito interno de autogobierno y no es susceptible de amparo.