XALAPA,VER.,26 de Noviembre,2025._En una sesión realizada durante la noche, el Congreso de Veracruz avaló la modificación a la Constitución estatal que transforma el método de designación y la duración del encargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), devolviendo a la gobernadora Rocío Nahle la facultad de proponer directamente al próximo o próxima fiscal.

A pesar de que la reunión comenzó con un retraso aproximado de treinta minutos, la discusión se prolongó por una hora entre posicionamientos encontrados. Al final, la reforma obtuvo 42 votos favorables provenientes de Morena, Verde, Partido del Trabajo y del legislador de MC Adrián Ávila, mientras que cinco diputados votaron en contra.

En contraste, tres legisladores no acudieron a la sesión nocturna: Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y Enrique Cambranis Torres, quienes estuvieron ausentes durante la votación del dictamen.

Durante el debate, el bloque oficialista defendió que el cambio constitucional no implica un paso atrás. Sostuvieron que permitir al Ejecutivo enviar la propuesta garantiza que la Fiscalía no quede sin titular y que, al compactarse el periodo de encargo, quien asuma el puesto estará obligado a mostrar resultados en menos tiempo para aspirar a una eventual ratificación.

Al expresar su voto a favor, la diputada de Morena Ingrid Calderón afirmó que la Cuarta Transformación requiere una Fiscalía con capacidad para comprender la realidad social de Veracruz, actuar con perspectiva de género, perseguir delitos de oficio y procurar justicia sin limitarse a emitir cifras.

“Estamos eliminando los vicios del pasado, simplificando trámites que antes eran inoperantes y burocráticos, con el fin de asegurar la continuidad inmediata en las tareas de procuración de justicia. Veracruz merece un sistema imparcial, funcional y que rinda cuentas en plazos definidos”, expuso la legisladora.

Aseguró que involucrar tanto al Ejecutivo como al Congreso en el relevo del fiscal garantiza que la persona elegida comparta el proyecto de cultura de paz. Destacó además que la reforma pretende robustecer la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno estatal. “Este dictamen es una herramienta para que la estrategia de paz de nuestra gobernadora sea una realidad palpable en cada región del estado”, recalcó.

El diputado de Movimiento Ciudadano Adrián Ávila Estrada fue el primero de su bancada en fijar postura. Argumentó que el modelo es factible y recordó que desde diciembre su grupo parlamentario ya había manifestado que respaldaría la reducción del periodo del fiscal. Aseguró que la propuesta replica lo aplicado a nivel federal y en entidades como la Ciudad de México.

Subrayó que uno de los elementos novedosos es que la gobernadora podrá enviar hasta dos propuestas al Congreso, que tendrá facultad para aceptarlas o rechazarlas por mayoría calificada. Si ninguna alcanza el respaldo legislativo, el Ejecutivo quedará autorizado para realizar el nombramiento directo y así evitar bloqueos políticos.

Sin embargo, la diputada emecista Elena Córdova se deslindó de la posición de su compañero y expresó su voto en contra. Mencionó que, al igual que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, la intención es realizar una transformación profunda al funcionamiento de la Fiscalía.

Criticó que se hayan eliminado requisitos esenciales contemplados en la propuesta inicial, como impedir que quien aspire a la Fiscalía haya ocupado un cargo de representación popular o una dirigencia partidista durante el año previo. “Por arte de magia eliminaron requisitos importantes, generando la percepción de que es un traje a la medida”, subrayó.

Asimismo, cuestionó que la reforma fije como requisito cinco años de trayectoria profesional, en lugar de diez, como ocurre a nivel nacional. Aseguró que con ello se otorga al Ejecutivo una amplia discrecionalidad y “un cheque en blanco”.

Desde la bancada de Veracruz Nos Une, la diputada Montserrat Ortega anunció que votaría en contra. Argumentó que la reforma desequilibra la estructura institucional al ampliar significativamente el margen del Ejecutivo para nombrar o remover al fiscal, comprometiendo la autonomía de la FGE.

Señaló también que distintos organismos internacionales han advertido que cuando una fiscalía depende del Poder Ejecutivo, pueden generarse riesgos en la correcta investigación de delitos y en la protección a víctimas, además de posibles afectaciones al acceso a la justicia.

La diputada panista Indira Rosales San Román afirmó que la Fiscalía debe operar con plena autonomía, pues su titular no puede ser juez y parte. Indicó que un fiscal subordinado al Ejecutivo podría inhibirse de investigar posibles irregularidades dentro del propio gabinete estatal.

“Hoy estamos legalizando que el fiscal sea empleado del gobernador en turno (…) ¿por qué queremos que la gobernadora sea la única que tenga la facultad de nombrarlo?”, cuestionó. Recordó que, hasta antes de esta reforma, era el Congreso quien tomaba la decisión final, como representación de la ciudadanía.

También señaló que la posibilidad de enviar dos propuestas y, ante su rechazo, nombrar directamente al fiscal, implica una concentración excesiva de atribuciones. En su opinión, la titular de la Fiscalía debió mantenerse como un nombramiento semejante a los del gabinete, como ocurría anteriormente.

En defensa del dictamen, el diputado del PT Ramón Díaz Ávila sostuvo que reducir el encargo a cuatro años, con posibilidad de reelección, ayudará a enfrentar los desafíos que representa el nuevo sistema de justicia. Dijo que este esquema deja atrás la figura de un periodo obligatorio de nueve años, rígido y transexenal.

Añadió que un plazo más breve impulsa la eficiencia, ya que la persona que encabece la institución tendrá un horizonte inmediato y podrá ser evaluada para una eventual ratificación si demuestra resultados contundentes.

¿Qué establece el dictamen aprobado?

El artículo 33 indica que el Congreso votará el nombramiento del fiscal por mayoría calificada, a partir de la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal.

El artículo 49 otorga a la gobernadora la facultad de proponer, ratificar y remover al titular de la FGE, con la obligación de notificar al Congreso.

El Poder Legislativo deberá resolver la propuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles; si no lo hace, se considerará aprobada automáticamente.

En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta bajo el mismo proceso. Si esta también es desechada, la gobernadora podrá designar directamente al próximo fiscal.

La persona titular podrá ser removida por causas graves, aunque el Congreso tiene la opción de objetar la decisión con la misma votación requerida para su nombramiento.

El encargo será de cuatro años, con posibilidad de reelección por otro periodo de igual duración.

A partir de la aprobación, el Congreso cuenta con 120 días para adecuar la Ley Orgánica de la FGE. Además, la reforma deberá ser ratificada por los cabildos, requiriéndose la aprobación de al menos la mitad más uno, es decir, 107 ayuntamientos del estado.