La Auditoría Superior de la Federación identificó un presunto daño patrimonial que supera los 2 mil 700 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2023 y 2024, los últimos dos años del gobierno de Cuitláhuac García, dichos recursos provienen de contratos con diversas empresas que no pudieron comprobar la prestación de los servicios por los que fueron contratadas.

En la revisión más reciente, presentada en octubre de 2024, la ASF reportó anomalías por 1,008 millones de pesos, derivadas de convenios con las mismas compañías que ya habían sido observadas el año anterior. En 2023, una auditoría forense había revelado un presunto desfalco de 1,600 millones de pesos, por lo que el monto total no comprobado asciende a 2,700 millones de pesos.

Entre las firmas señaladas por irregularidades se encuentran Biodist, Tamizaje Plus S.A. de C.V., Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria S.A. de C.V., Landru Marketing S.A. de C.V., Grupo Ferche, Porfirio Aspiazu Fabián y el IPAX, entre otras. Los contratos revisados incluyen servicios de limpieza hospitalaria subrogada, adquisición de material de curación, tamizaje neonatal, vigilancia y fletes.

De acuerdo con el informe de la ASF, los Servicios de Salud de Veracruz no presentaron documentación que respalde la entrega de bienes ni la prestación de servicios conforme a las condiciones, fechas o lugares pactados en los contratos. Tampoco se acreditaron los registros de recepción o validación de los mismos, lo que configura un posible daño a la Hacienda Pública Federal.

Una de las empresas con mayores observaciones es Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria S.A. de C.V., señalada por incumplimientos y por adeudos con su plantilla laboral. A pesar de que en 2024 la gobernadora Rocío Nahle solicitó al IMSS Bienestar vetar a dicha compañía, los registros oficiales demuestran que continuó siendo contratada durante la primera mitad de ese año.

Además de los señalamientos financieros, la auditoría detectó deficiencias estructurales en los sistemas internos de SESVER, incluyendo la falta de mecanismos de control y políticas de seguridad informática. El informe evidencia que la institución carece de programas, comités y estrategias formales para fortalecer el control interno y prevenir riesgos administrativos o tecnológicos.

El organismo tampoco cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones, ni con un plan de adquisición y mantenimiento de software y equipo. A ello se suma la inexistencia de licencias actualizadas, planes de recuperación ante desastres y protocolos de continuidad operativa, factores que aumentan la exposición a fallas tecnológicas e incidentes cibernéticos.

Asimismo, la ASF advirtió que no existen políticas de seguridad digital como la gestión de contraseñas, la detección de intrusiones o la instalación de antivirus, lo que deja a la dependencia en una situación de alta vulnerabilidad ante posibles ataques o pérdidas de información crítica.