Sin ofrecer una explicación clara ni precisar qué regiones fueron las más afectadas, la gobernadora Rocío Nahle García decidió declarar como zona de desastre a la totalidad del estado de Veracruz luego de las fuertes lluvias e inundaciones registradas durante la semana pasada. Esta determinación marcó la primera aplicación de la reciente reforma a la Ley de Protección Civil, aprobada apenas el miércoles por el Congreso local.

En el acuerdo publicado este jueves en la Gaceta Oficial, bajo el nombre “Acuerdo que Determina una Situación Estatal de Desastres u Otros Siniestros”, se establece que “se declara como zona de desastre por la ocurrencia de lluvia severa, inundación pluvial e inundación fluvial del 6 al 11 de octubre de 2025, todo el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Dicho documento, sin embargo, no especifica el número de municipios afectados ni menciona a localidades como Poza Rica o Álamo, donde actualmente se concentran las acciones de auxilio por los daños sufridos.

De acuerdo con el artículo 45 de la propia Ley de Protección Civil, el Gobierno estatal ya debería contar con información detallada de cada municipio, puesto que las autoridades locales tienen la obligación de reportar a la Secretaría de Protección Civil todas las emergencias ocurridas en su territorio. Pese a ello, el acuerdo estatal omite datos concretos sobre las zonas más golpeadas.

Cabe resaltar que, aunque con la nueva legislación el Ejecutivo estatal puede emitir declaratorias de desastre en los municipios, la Federación sigue siendo la instancia encargada de reconocer oficialmente dicha condición para que se liberen recursos extraordinarios destinados a atender la emergencia. Esto se encuentra establecido en el artículo 5, fracción XIII Bis, el cual define la Declaratoria de Desastre Natural como el acto mediante el cual el Gobierno Federal reconoce la presencia de un fenómeno natural de gran magnitud en uno o varios municipios, cuando los daños superan la capacidad operativa y financiera local.

Según expuso Nahle García ante los legisladores, las modificaciones a la Ley tienen el propósito de adaptarla a las nuevas realidades, responder a las necesidades actuales y mejorar la eficacia de su aplicación en situaciones de emergencia.