La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que se mantiene abierta la investigación para establecer posibles responsabilidades de funcionarios del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tuxpan en los disturbios del 12 de agosto, en los que perdieron la vida nueve internos —cinco de ellos de origen guatemalteco— y otros diez resultaron heridos.

Detalló que, si se comprueban indicios de participación de servidores públicos, se procederá conforme a la ley y, en caso de hallarse vínculos con la delincuencia organizada, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta ahora, la autoridad federal no ha solicitado atraer la indagatoria.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la FGE, Hernández Giadáns explicó que las pesquisas también incluyen testimonios y evidencias que señalan posibles abusos dentro del penal, así como la presunta intervención de mandos en los hechos violentos. Entre las líneas de investigación se contempla una eventual relación entre el motín y el asesinato de la docente jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, ocurrido el 17 de julio en Álamo. Afirmó que se han realizado diligencias clave, como entrevistas a reclusos y personal del penal, y que se cuenta con información relevante que será judicializada.

Sobre versiones que apuntan a que algunos de los fallecidos pudieran pertenecer a grupos delictivos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la fiscal subrayó que el enfoque actual está en delitos del fuero común, principalmente homicidio y lesiones, y en identificar a los autores materiales de las agresiones. Indicó que, en caso de que surja evidencia de vínculos con la delincuencia organizada, se hará el desglose correspondiente a la Federación.

Hernández Giadáns también confirmó que, en estos momentos, la FGE analiza videos difundidos en redes sociales que presuntamente fueron grabados dentro del penal antes del motín. Precisó que en ocasiones las investigaciones se inician a partir de material mediático y que este se estudia de forma integral para encontrar posibles conexiones.

Finalmente, recordó que la competencia de la FGE abarca únicamente delitos del fuero común, como homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad y extorsión, mientras que los casos vinculados a la delincuencia organizada corresponden a la FGR. Aseguró que todas las actuaciones se realizan con estricto apego a la ley, objetividad y respeto a los derechos humanos, y reiteró que no habrá impunidad en este caso ni en otros hechos delictivos registrados en la región.