XALAPA,VER.,26 de JUNIO,2025._Esteban Bautista Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, manifestó que el Poder Legislativo estaría en disposición de participar en el conflicto generado por la prórroga del rectorado en la Universidad Veracruzana (UV), siempre y cuando sea un requerimiento de la comunidad universitaria. “Si se acercan a nosotros, los recibiremos con gusto. Hemos atendido diversos asuntos y este no sería una excepción”, expresó el diputado al ser consultado sobre el reciente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la UV, decisión que ha provocado inconformidad entre profesores y estudiantes.

En entrevista, Bautista Hernández subrayó que el Congreso no tiene injerencia directa en la designación del rector, debido a la autonomía que rige a la UV. “Cada institución goza de autonomía. Corresponde a la comunidad universitaria determinar si se incurrió en irregularidades. No podemos emitir una valoración al respecto”, declaró.

El legislador evitó emitir una postura sobre las acusaciones de manipulación o imposición en torno al proceso, argumentando que tales cuestionamientos deben ser valorados dentro del ámbito universitario. “No es competencia nuestra decir si hubo imposición o arreglos indebidos. Esa es una decisión interna que debe tomar la propia comunidad”, insistió.

Cabe destacar que, a través de la plataforma Change.org, un grupo de ciudadanos vinculados a la UV inició una campaña solicitando al Congreso de Veracruz que intervenga en el caso, pidiendo la disolución de la Junta de Gobierno. Los firmantes consideran que la decisión de extender el mandato del rector Martín Aguilar Sánchez hasta 2029 fue adoptada sin transparencia, sin consulta pública ni inclusión plural, en desacato a los procedimientos establecidos para la renovación del cargo.

Por otro lado, integrantes de la comunidad universitaria que promovieron la iniciativa argumentan que la Junta de Gobierno ha perdido legitimidad y ha actuado en contra del interés colectivo al aprobar la prórroga sin un proceso abierto. Ante este panorama, solicitan la intervención del Legislativo para garantizar la legalidad y legitimidad de los procesos en la máxima casa de estudios del estado.