En el contexto del proceso de consulta sobre la solicitud de extensión de mandato del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez —presentada el pasado 29 de mayo—, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana emitió un comunicado en el que denunció que algunos de sus miembros, así como familiares de estos, han sido objeto de intimidaciones y presiones.

El órgano universitario señaló que estos actos ocurrieron “a finales de la semana pasada”, aunque no especificó el contenido exacto de las amenazas ni a quién buscan favorecer o perjudicar. No obstante, advirtió que este tipo de comportamientos “son inadmisibles en una institución dedicada al conocimiento y la cultura”, y que en ciertos casos “pueden constituir delitos previstos por el Código Penal”.

En su mensaje difundido este martes 10 de junio, la Junta enfatizó que las presiones externas no afectarán el desarrollo ni los resultados del ejercicio consultivo: “La Junta de Gobierno no permitirá que intentos de coacción condicionen sus decisiones”.

Asimismo, el cuerpo colegiado reafirmó su determinación de actuar “con responsabilidad, ética y en total apego a la normativa universitaria”, destacando que tomará en cuenta únicamente los argumentos y puntos de vista expresados por la comunidad universitaria.

Cabe recordar que la consulta fue habilitada esta misma semana, con el objetivo de recopilar la opinión de estudiantes, académicos y trabajadores respecto a la petición de prórroga presentada por el actual rector.