Frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en la calzada Juan Pablo II del municipio de Boca del Río, un grupo de mujeres mazatecas provenientes de Oaxaca se manifestaron este martes, exigiendo que los jueces de distrito resuelvan los amparos que tienen pendientes, las manifestantes piden justicia y una revisión imparcial de los procesos legales que afectan a sus comunidades.
La protesta fue protagonizada por al menos diez mujeres originarias del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, quienes acusan actos de represión y abusos en contra de defensores del territorio y los bienes naturales de la región. Denuncian que, por oponerse a la explotación de sus recursos, varios habitantes han sido detenidos de manera injustificada, bajo cargos que, según ellas, han sido fabricados.
La abogada Argelia Betanzos, integrante del colectivo, informó que permanecerán en el lugar hasta obtener la suspensión de las más de 200 órdenes de aprehensión giradas contra 56 personas de su comunidad. Asimismo, exigen una audiencia directa con los cuatro jueces que conocen de los expedientes, como parte de su demanda de acceso a la justicia.
Betanzos añadió que han sostenido ya un primer acercamiento con el juez sexto, Vicente Salazar, quien funge como coordinador de los juzgadores, y se comprometió a gestionar una reunión con los demás jueces federales involucrados en los casos.
Durante la manifestación, también acusaron al gobierno de Oaxaca de actuar en contubernio con líderes regionales, a quienes identifican como caciques. En particular, señalaron a la diputada Eliza Zepeda y a su padre, Manuel Zepeda, a quienes acusan de haber extraído piedra del río local desde 2011 de manera ilícita. Aseguran que por denunciar este saqueo, su comunidad ha sido víctima de represalias como detenciones arbitrarias, tortura y persecución política. De acuerdo con sus cálculos, la explotación del río ha generado a los caciques ingresos diarios por al menos 128 mil pesos.
Finalmente, Argelia Betanzos advirtió que si el Poder Judicial no garantiza una resolución justa, la comunidad mazateca estaría considerando romper con la institucionalidad mexicana para ejercer su derecho a la autodeterminación como pueblo originario, respaldado por el artículo segundo de la Constitución. La abogada recordó que en México ya existen precedentes de este tipo de autonomía.