Gracias al "proyecto Inocencia", se ha logrado la liberación de al menos 87 personas que estaban encarceladas injustamente, pero aún continúan tras las rejas alrededor de 700 individuos.

Según Tomás Mundo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, algunos de ellos fueron inicialmente detenidos por ultrajes a la autoridad, pero posteriormente se les imputaron delitos graves.

Entre los detenidos, se encuentran 500 indígenas, y la meta es conseguir la liberación de un total de 3,500 personas.

“Primer lugar es Papantla, segundo lugar es Chicontepec, tercer lugar Zongolica y de esos 500 la mitad está procesado y la mitad condenado”.

Señaló que la mayoría de las personas inicialmente detenidas por ultrajes a la autoridad ahora enfrentan juicios por homicidio, feminicidio y otros delitos graves, que supuestamente les fueron fabricados mientras estaban en prisión.

El abogado incluso acusó que a algunos de ellos los llevaron a escenarios de crímenes para que tocaran objetos y dejaran sus huellas dactilares allí. La mayoría de estos individuos provienen de entornos de bajos recursos y han tenido dificultades para ejercer su defensa.

Además, destacó que México cuenta con un plazo de un mes para lograr la independencia de los servicios periciales de las Fiscalías, como resultado de una sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa.

“Lo que deberían hacer es que la sentencia de la Corte Interamericana contra Digna Ochoa, dictada el 25 de noviembre del 2021 le dio a México dos años para independizar los servicios periciales de las Fiscalías del país y estamos a un mes y no se ha hecho nada”.

Si no se cumple México podría quedar exhibido a nivel internacional como un país que no respeta los derechos humanos ni las decisiones de la Corte Interamericana.