En respuesta a cuestionamientos planteados por el Gobierno Estatal, abogados han alzado su voz en un debate que gira en torno a la actuación de los Jueces de Distrito. Estos jueces han tomado decisiones sobre una serie de casos de amparo, en los que individuos en proceso penal desafían la prisión preventiva oficiosa.

Rafael Gómez Zacarías, presidente de la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio y Oral, evoca la importancia de dos veredictos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, se menciona el caso de una persona que pasó 17 años en prisión preventiva mientras esperaba una sentencia. Desde esta perspectiva, Gómez Zacarías subraya la urgencia de redefinir la prisión preventiva oficiosa como un enfoque que no se alinea con las convenciones internacionales.

En un ejemplo adicional, proveniente del año 2022 e involucrando a dos ciudadanos veracruzanos, México enfrenta la presión de considerar la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa en su sistema legal.

Gómez Zacarías hace énfasis en el hecho de que México ratificó el Pacto de José de Costa Rica en 1981 y confirmó su adhesión en 1998, lo que incluye la aceptación de la jurisdicción contenciosa. Esto demuestra el reconocimiento de México a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas cuestiones cruciales.

“Los estados adheridos al convenio están comprometidos a respetar los derechos humanos y en este contexto consideramos que el Gobierno del Estado está recibiendo asesoramiento erróneo".

El representante legal subrayó la importancia de que el Gobierno Estatal permita que los jueces cumplan con su deber, ya que su objetivo es aplicar las leyes y asegurar que las personas sean consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto contribuye a evitar posibles implicaciones legales.

Gómez Zacarías resaltó que tanto la sociedad como la legislación están en un proceso constante de cambio y México está inmerso en un proceso de modernización. Esta transformación exige que las autoridades se comprometan a proteger los derechos humanos en todo momento.

"Gracias a estas resoluciones, ciertos artículos que antes resultaban en la prisión preventiva oficiosa ya no serán aplicados de esa manera, brindando a las personas la oportunidad de salir en libertad durante el proceso judicial. Esto les permitirá trabajar y participar en su propia defensa. Es fundamental que el gobierno no critique la labor de los juzgados de distrito".

Gómez Zacarías insistió en que los juzgados de distrito únicamente acatan las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyendo así a mantener la integridad del sistema legal y asegurando un proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos.