XALAPA,VER.,10 de AGOSTO, 2023._ Los representantes de los Tres Poderes de la entidad Veracruzana, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, condenaron el proceder los Jueces Federales que en las últimas 3 semanas, han otorgado, afirmaron, de manera excesiva suspensiones provisionales de la medida cautelar de prisión preventiva, dando la libertad inmediata y absoluta a imputados, en delitos como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social.

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns hicieron un pronunciamiento conjunto, condenando el trabajo de los Jueces y Magistrados Federales.

Por su parte Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre destacó que es preocupante el actuar de los juzgadores federales por cuanto hace al otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva.

“Tenemos reporte de que, en los diversos Distritos Judiciales del Estado de Veracruz, han llegado hasta el momento 33 mandamientos en materia de amparo en donde, sin mayor estudio del asunto; otorgan la suspensión provisional para el efecto de que, cese la aplicación de esta medida cautelar. Trayendo como consecuencia, la libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”.

En esta aspecto, dijo no estar de acuerdo con sus resoluciones pues consideramos que, de manera incorrecta (o ilegal), desde el incidente de suspensión resuelven el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto.

“Afectando a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad. Ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados. Los Juzgadores Federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces”.

Puntualizó que los Jueces y Magistrados de la Federación, no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente. Inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público.

El Gobernador Cuitláhuac García denunció la liberación de delincuentes realizada por algunos jueces federales que mediante amparos “chuecos” han vulnerado los derechos de las víctimas.

“En palabras llanas y simples, esos jueces optaron por proteger al delincuente, al asesino, al secuestrador, al abusador de menores, y tristemente, mandar por un tubo el dolor de los familiares de las víctimas.Algunos de los argumentos jurídicos que utilizaron versan en ignorar principios básicos del derecho y sobre todo, en relegar la justicia que es el asunto de fondo que se le debe a las víctimas.El caso de la jueza Angélica N, no es ni el primero ni el único. Quizá sí, uno en el que los lazos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto. Es por ello que, ante el pueblo de Veracruz, vengo a denunciar que, en las tres últimas semanas, jueces federales han decidido conceder libertad inmediata, en diferentes modalidades, para 33 presuntos delincuentes, de los cuales 21 casos son de homicidas, pederastas, violadores y secuestradores”.

Los jueces se exceden en sus resoluciones, afirmó, y se niegan a reconocer la gravísima situación en que ponen a las víctimas al saber que sus secuestradores ahora están libres.

“Por ejemplo ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque él ahora está libre? No invento, es el caso penal 586/2023 con juicio de amparo 645/2023 del juzgado cuarto de distrito”.

En el caso de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza, acusó que los jueces federales liberan a secuestradores, multihomicidas y violadores, lo que demuestra que para ellos,”están intactas, para desgracia del pueblo, las viejas prácticas de opacidad, donde la corrupción que impera entre jueces y magistrados federales hace que la justicia esté ausente y predominen los intereses económicos y políticos de la vieja clase política y la oligarquía”, afirmando que van a proceder en consecuencia.

Por su parte, la Fiscal Verónica Hernández señaló que los Jueces Federales, explicó que a pesar que los Fiscales han argumentado, en plena defensa de los principios de legalidad, al solicitar la prisión preventiva justificada en lugar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, algunos Jueces, Juezas y Magistrados Federales han impedido que se conceda dicha medida; aún cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma cumple con los parámetros de regularidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas, de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa; que claramente tiene fundamento en el artículo 19 de la Constitución General de la República y hoy están de nuevo en la calle”.

“Es falso lo que mediáticamente se dice que la Fiscalía no pudo argumentar. Los jueces federales en sus determinaciones requieren al Juez de Control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía, lo obliga a que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o la justificada o a veces ni siquiera la domiciliaria”