XALAPA,VER.,9 de FEBRERO,2022._ El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García señaló que el Delito de Ultrajes a la autoridad se reformó y aprobó en el 2003 en el Congreso Local por Diputados del PAN, PRI y PRD, entre los que se encuentran Julen Rementería del Puerto, Senador Panista que se unió al “Movimiento por la Justicia” del Legislador Dante Delgado, que se posiciona en contra de esto.

Mostró un acta de la 59 Legislatura, que operó del 2000 al 2004, siendo octubre del 2003, donde quedó asentada la reforma al Código Penal del Estado de Veracruz, reformando el delito, mostrando quienes votaron por la reforma de los Ultrajes a la Autoridad, crimen establecido desde 1896, y donde se dejaron las sanciones como se conocen actualmente, estando legisladores del PAN, y de Movimiento Ciudadano, entonces llamado Convergencia, encabezado por Dante Delgado.

El delito de Ultrajes a la autoridad, articulo 331, se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amanece o agreda a un servidor público, según la redacción del 2003, en ese entonces Rementería del Puerto el Coordinador del PAN en ese año, y hoy Senador en contra del delito que aprobó, dijo en su momento, quedando en el acta, “la fracción legislativa que me honro en coordinar con esta iniciativa de código, pues muchas de sus partes son iniciativas nuestras”.

Confirmó que hay mil 33 detenciones de personas con cargos de ultrajes a la autoridad, señalando que no es solo por ese delito, sino que muchos fueron arrestados con orden de aprehensión, o en flagrancia, determinaciones de un juez, reprensiones, y entre los que arrestaron.

Acusó que con esta medida de derogación, los beneficiados serán abogados, quienes se ofrecerán a trabajar para la sacar a todos los criminales, de ahí que se sumen al “Movimiento por la Justicia”.

“Además de los 40 jefes de plaza, hay 525 lugartenientes de la delincuencia organizada, pues obviamente va a haber un gran negocio para las barras de abogados, si se deroga el delito, porque se van a ofrecer sus servicios, hay quienes no tienen ética y hay quienes van a procurar liberar a estos presuntos delincuentes, de estos mil 33 más de la mitad ya están vinculados”.