La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz por el caso de los 6 Jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad en septiembre, que fueron defendidos de forma personal por Ricardo Monreal, Senador de Morena.

Dirigiéndose al Gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmaron que, se cometieron delitos de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La queja señala que las seis personas detenidas fueron remitidas a los separos donde firmaron documentos y
dieron acceso a sus teléfonos celulares para luego ser trasladados a instalaciones de la FGEV en Xalapa, donde
fueron acusados de ultraje a la autoridad por atacar a los policías con cuchillos, razón por la cual el Juzgado
Estatal 1 calificó como legal la detención y los vinculó a proceso.

Integraron en el expediente y logró recabar pruebas y evidencias suficientes para acreditar que se violaron derechos de las víctimas, debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente.

Consideraron que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad, lo cual resulta en una imputación indebida de hechos y, a pesar de ello, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva, desestimando pruebas ratificadas, reiteradas y dictaminadas como ciertas.

Considera también que hay, por parte de las personas servidoras públicas responsables, una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como incumplimiento en las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Se solicitó al gobernador del estado de Veracruz y a la titular de la Fiscalía General del Estado Verónica Hernández Giadáns, que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, procedan a la reparación del daño ocasionado y les brinde, a las seis víctimas, atención médica y psicológica gratuita que se requiera y les provea de los medicamentos que necesiten.

La CNDH solicita, además, que se proceda en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en responsabilidades administrativas; se pide también que se colabore en la presentación de una denuncia de hechos ante la misma FGEV para que se proceda penalmente en contra de quienes resulten participantes en los hechos referidos en la Recomendación.