XALAPA,VER.,16 de ENERO, 2020._ Henri Christopher Gómez Sánchez Diputado en el Congreso Local propuso que a quien robe medicamentos de instituciones públicas o privadas reciban hasta 8 años de prisión.

Gómez Sánchez, presentó la iniciativa para reformar el artículo 205, fracción III, del Código Penal de la entidad y así sancionar con penas de seis a ocho años de prisión y multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la persona que sustraiga, de instituciones públicas o privadas destinadas a prestar los servicios de salud, cualquier tipo de insumos, ya sean materiales médicos o medicamentos.

“El derecho a la salud debe considerarse como un prerrequisito fundamental e indispensable para el aseguramiento de los demás derechos humanos, y no solo como el derecho a estar sano, desafortunadamente en los últimos meses, los enemigos de la transformación, pero sobre todo, personas sin ética o valores, se han aprovechado de la importancia que tiene la salud, tanto para las autoridades veracruzanas, como para los ciudadanos, y se han apoderado de una gran cantidad de fármacos con la intención de comercializarlos ilegalmente”.

Dijo que el robo de medicamentos ha afectado directamente a los pobladores, quienes reclaman sobre el desabasto de medicinas y por esta situación el Estado es incapaz de proporcionarles los medicamentos adecuados para proteger la salud propia y de sus familiares.

“Ante ello, la gente realiza gastos que la mayoría de las veces lesionan su economía, pues no son parte el presupuesto cotidiano”.

Afirmó que el robo de medicamentos ha sido una de las conductas que van en aumento, el tráfico y las redes de comercialización en el mercado negro nacional, arrojan cuantiosas ganancias y dijo que de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio anterior, a nivel federal, este delito aumentó en más de un 800 por ciento, de acuerdo a las investigaciones implementadas por las Agencias Especializadas en la materia, se ha establecido que las principales ciudades donde se comercializan estos productos son Guadalajara; León, Ciudad de México y Puebla.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.