En estos “tiempos difíciles”, en todo el país han proliferado grupos de padres de familia, acicateados por algunas organizaciones religiosas y de derecha, protestando por la información sobre sexualidad y salud reproductiva en los libros de texto de educación básica.
Estos padres consideran que estos contenidos atentan contra el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y sostienen que además promueven un empoderamiento peligroso de las chicas y los chicos al darles herramientas para tomar decisiones sobre su sexualidad y su cuerpo cuando aún no tienen la madurez de hacerlo, y que propician conductas como el libertinaje sexual y la promiscuidad.
Pero en esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por supuesto que los niños y los adolescentes tienen derecho a la información y la educación sexual, y a recibir servicios de salud sexual y reproductiva, dejando por sentado que nada de esto atenta contra el ejercicio de la patria potestad de los padres.
El sustento de la jurisprudencia de la Corte está en mirar a los niños y los adolescentes como sujetos de derechos, y sustenta que el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres no puede avasallar o sustituir la voluntad y el consentimiento de los chicos, ni validar conductas contrarias al interés superior de los niños y niñas o a sus derechos humanos.
Desde la perspectiva de la Corte, negar a los niños y adolescentes información y educación sexual, y fomentar la discriminación en razón de sus preferencias sexuales, atenta contra sus derechos elementales, sin importar su edad. Además de esta jurisprudencia de la Corte, existen también varios pronunciamientos en la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en torno a estos temas, sin buscar imponer a los chicos una forma o un ejercicio determinado de su sexualidad, sino asegurar que tengan acceso a una educación sexual de calidad.
Para la Corte, entonces, los adolescentes tienen derecho a acceder a los anticonceptivos, pues es una forma de asegurar el más alto nivel de salud. Y el papel de los padres es educar, guiar e informar con un nivel de profundidad progresivo en función de la madurez de los chicos, para que puedan llegar a la autonomía necesaria de tener control sobre su salud y su propio cuerpo.
El mensaje es entonces, claro y contundente: Nadie, ni siquiera los padres, pueden ir en contra del interés superior de los niños ni de los derechos humanos.
