Luego de que fuera señalado con intentar privatizar el agua de Medellín de Bravo, el Alcalde Marcos Isleño, aseguró que solo quiere volver formal lo que ya ocurre en los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos, que Grupo Barquín Gómez, con "Urbanización Medellín" administran el agua desde su construcción.

"Nosotros lo que estamos tratando de hacer con este convenio que se le pasa al Congreso para que tenga formalidad y legalidad, y que no esté en el aire las situaciones, y podamos tener injerencia directa en las decisiones que tiene la empresa en tarifas y demás, porque hoy día, si bien es cierto que hemos cuidado el tema tarifario con ellos, han sido meras recomendaciones, porque no hay una exigencia legal como tal, por esa la idea de que podamos formalizar todo".

Aseguró que los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de agua en los citados fraccionamientos desde siempre han sido brindados por la mencionada empresa. No es algo nuevo. De hecho, varias administraciones municipales anteriores celebraron dicho convenio amparadas en el título de concesión otorgado el 29 de noviembre de 2004 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Urbanizadora Medellín, por un plazo de 50 años.

El 20 de marzo de 2009, de común acuerdo con los alcaldes de la época la compañía celebró convenio con el hoy extinto Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento, organismo paramunicipal encargado en ese entonces de brindar los servicios de agua en la zona metropolitana. El convenio suscrito era para la coordinación de ambas partes en la prestación de los servicios a los habitantes de Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno.

“El 13 de octubre de 2016, a la extinción del SAS, la entonces administración municipal de Medellín suscribe un convenio de colaboración institucional y comodato con Urbanizadora Medellín, el cual, analizado actualmente por nuestros expertos en temas jurídicos, adolece de formalidades, destacando la falta de regulación de los servicios y de autorización del Congreso Local. Basados en los reclamos recurrentes de la ciudadanía sobre la prestación de los servicios de agua en el municipio, la actual administración municipal se vio en la imperiosa necesidad de replantear la relación con Urbanizadora Medellín, dándole prioridad al respeto del derecho humano al agua, generando particularmente un ajuste a la baja a las tarifas en los servicios de drenaje y saneamiento, e incremento al servicio de agua potable sólo basados en los índices inflacionarios”.

A la extinción del SAS, este tenía registrado, dentro de sus pasivos, un adeudo superior a los 31 millones de pesos por incumplimiento en la distribución de dividendos con la empresa referida, de acuerdo al convenio suscrito entre ambas partes.

“El 29 de septiembre de 2016, Urbanizadora Medellín obtuvo resolución favorable respecto del adeudo del SAS de acuerdo a sentencia emitida por los tribunales estatales, cuyo proceso avanzó hasta la ejecución, ordenando el juez -el 27 de abril de 2017- a la entonces administración municipal el pago de dicho adeudo con cargo a los ingresos que se generarán por la prestación de los servicios de agua. El adeudo al cierre del ejercicio 2022 asciende a un monto superior a los 51 millones de pesos, que se pagaría inmediatamente si se tomara la decisión de rescindir el convenio con dicha empresa”.

Reconoció que su administración no tiene la capacidad técnica ni financiera para enfrentar la sentencia dispuesta por el juez, ni para dotar de una nueva infraestructura que suministre los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento que merecen los ciudadanos, ya que la actual es propiedad de "Urbanización Medellín".

Isleño dijo que, si el Congreso rechaza su intención de dar la concesión a la empresa, todo seguirá normal, pues esta seguirá dando el agua en los 2 fraccionamientos.